Los venezolanos estamos frente un régimen que perdió por amplio margen las elecciones parlamentarias de 2015, pero que gracias a deplorables vías criminales de hecho y a diversas sentencias cuestionables dictadas inmediatamente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, logró que los vencedores nada pudieran hacer con la inmensa mayoría de diputados obtenida en la contienda electoral.
En efecto, además de que varias sentencias cuestionables imposibilitaron que la Asamblea Nacional ejerciera sus competencias constitucionales, los parlamentarios opositores no solamente han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, sino también de golpizas y fuertes ataques sónicos cada vez que han asistido a cumplir sus funciones, nunca han podido percibir pago alguno por sus servicios y sus actos jamás han sido publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que está administrada por el Ejecutivo Nacional y él allí nada publica que provenga de dichos parlamentarios, todo lo cual demuestra que en la Venezuela actual las condiciones post electorales son mucho más importantes que las electorales.
Ciertamente, esa forma de actuar tan criminal del régimen contra sus opositores, ha sido rigurosamente constatada recientemente por las “Conclusiones detalladas de la Misión internacional de determinación de los hechos de la República Bolivariana de Venezuela”, contenidas en el informe A/HRC/45/CRP.11 de fecha 15 de septiembre de 2020, elaborado por los expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes tuvieron a su cargo investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.
Ahora, ese mismo régimen certificadamente responsable de estar incurso en todos esos crímenes atroces y violaciones de derechos humanos contra sus opositores, pide a los venezolanos que participemos en una nueva elección del parlamento nacional, muy a pesar de que todos sabemos que la nueva Asamblea Nacional seguirá sometido a esas mismas condiciones inhumanas, es decir, los futuros parlamentarios opositores no solamente serán víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, sino que también podrán ser inhabilitados de manera inmediata y permanente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con toda seguridad serán víctimas de golpizas y fuertes ataques sónicos cada vez que asistan a cumplir sus funciones, nunca podrán percibir pago alguno por sus servicios y sus actos jamás serán publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, hay actores políticos de la oposición que nos invitan a volver a elegir parlamentarios, y a tal efecto solamente nos ofrecen lograr condiciones electorales aceptables, es decir, nos invitan a exponernos de nuevo al riesgo cierto e inminente de que el régimen vuelva a someter a nuestros parlamentarios a todos esos crímenes de lesa humanidad que ya forman parte de su comportamiento normal habitual.
Pues bien, es evidente que no podemos volver a caer en ese juego. En efecto, si no hay garantías de condiciones post electorales aceptables, debemos entonces seguir esperando hasta que el régimen sea depuesto como consecuencia de una manifestación multitudinaria del pueblo en la calle, o como consecuencia de una intervención internacional realizada con base en la Responsabilidad de Proteger adoptada como obligación de todos los Estados de la ONU en la Cumbre Mundial de 2005, puesto de todas maneras esas seguirán siendo las únicas formas de salir de la situación en la que nos encontramos, porque mientras tanto nada lograremos con una victoria obtenida electoral sin garantías de condiciones post electorales aceptables.
Ahora bien, entiendo como garantías de condiciones post electorales aceptables, todas aquellas que aseguren que el parlamento nacional realmente pueda funcionar con libertad y seguridad, que entre otras deberían ser las siguientes:
1. Que se acuerde con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el despliegue durante al menos dos (2) años, de una fuerza de paz (cascos azules) alrededor de la Asamblea Nacional y de sus oficinas administrativas;
2. Que la Asamblea Nacional Constituyente dicte unas normas en las que no solamente decrete su propia disolución (que hasta el momento solamente es una mera promesa), sino que también establezca las prohibiciones absolutas siguientes:
a) Que se suspendan o anulen las leyes y demás actos que dicte la Asamblea Nacional durante los dos primeros años de su periodo constitucional, sin previamente haber sido avaladas por una comisión de tres juristas nombrada de común acuerdo por las dos partes políticas en conflicto o en su defecto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
b) Que se declaren nulas las leyes y demás actos futuros de la Asamblea Nacional, por el hecho de que en cualquier momento por decisión de la mayoría pueda incurrir en desacato de cualquier sentencia que dicte el Tribunal Supremo de Justicia, puesto que la sanción ante ese tipo de situaciones no debe recaer sobre la institución sino sobre las personas;
d) Que se incumpla la obligación de publicar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, todas las leyes y demás actos pertinentes que emanen de la Asamblea Nacional; y,
e) Que se
retenga el pago de las remuneraciones de los parlamentarios de la Asamblea
Nacional.
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